El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley corta de telecomunicaciones que había anunciado en febrero el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Uno de los objetivos de la iniciativa es habilitar a las empresas de telefonía Telefónica y Claro a dar televisión satelital, con lo que se procura evitar o limitar el monopolio para dar cuádruple play que tendrá la fusionada Telecom-Cablevisión cuando la Comisión de Defensa de la Competencia autorice la operación.

El proyecto también abarca otro aspecto no menos importante al modificar la ley 27.208 que reservaba con carácter preferencial a Ar-Sat las frecuencias del espectro radioeléctrico para dar telefonía móvil que no fueron adjudicadas en 2014 a las empresas de telefonía móvil. Según el texto del Ejecutivo, si se aprueba la ley, el Estado nacional dispondrá de las frecuencias que se le asignaban a Ar-Sat como reserva preferencial.

Esto fue interpretado como que se habilitará en el futuro a las prestadoras de telefonía móvil a contar con frecuencias por encima del límite de 170 megahertz que rige hasta ahora, lo que , según las empresas, les permitirá empezar a dar otros servicios como 5G.

Este aspecto del proyecto de ley tendría también la intención de permitir que Telecom-Cablevisión, cuyos accionistas principales son ahora los dueños del Grupo Clarín, no tenga que desprenderse de las frecuencias que exceden el límite y a las que llegaron contando las de Personal y Nextel.

En esa y otras cuestiones la iniciativa es bastante lacónica, no quedando claro si las frecuencias, hasta ahora reservadas a Ar-Sat, será objeto de licitación y en ese caso en qué condiciones. Esto formaría parte de los aspectos que el texto deja sujeto a futura reglamentación.

La disponibilidad de más frecuencias para la telefonía móvil deja abierta la posibilidad de que otras empresas también puedan en el futuro dar cuádruple play (telefonía fija y móvil, banda ancha y TV por suscripción), pero las ya existentes en el mercado como Telecentro o Supercanal carecen de los recursos necesarios, como ya se vio cuando el grupo Vila-Manzano se presentó a la licitación del gobierno anterior y luego no pudo hacer frente al pago. En tanto, pensar en nuevos jugadores parece improbable en un mercado ya tan desarrollado como el argentino.

Por otra parte, la iniciativa procura dar fuerza de ley a distintas medidas ya tomadas por el Gobierno para que las prestadoras de servicios de comunicaciones, compartan infraestructura en condiciones que faciliten su uso hasta la última milla, o sea el cable que llega hasta cada domicilio.

Se indica que esto evitará que se superpongan inversiones allí donde ya existen las instalaciones adecuadas, y esto permitiría por ejemplo, abrir inmediatamente a otros prestadores, la red para banda ancha que detenta Telecom-Cablevisión en condiciones de hecho monopólicas en localidades del interior como la ciudad de Córdoba.

De esta forma, el proyecto oficial tiende a administrar los conflictos entre los prestadores más importantes: Telecom-Cablevisión y Telefónica y en menor medida Claro. Pero deja una cuota extra de ventaja para el primero considerando que la oferta nueva de televisión satelital que surja deberá salir a competir con una fuerte penetración del cable, que incluye el cableado interno de numerosos edificios de menos de 10 años de antigüedad en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Por último, el proyecto de ley otorga una ventaja adicional de tiempo a Telecom- Cablevisión. Así, establece que debe permitirse el inicio inmediato de la prestación de TV satelital “allí donde no exista un prestador del servicio de TV por suscripción o donde sólo exista un prestador por medio de uso de la tecnología satelital”. Pero para el resto del país establece que la fecha de inicio de la prestación será el 1 de enero de 2019.