Mientras la atención de los dispositivos de seguridad e inteligencia estaban puestos en la prevención de cualquier inconveniente que pudiera producirse en la cumbre del G-20, el viernes pasado una amenaza en redes sociales provocó la alerta máxima de todo el Gobierno. Mensajes publicados en Twitter por un usuario identificado como parte de la organización terrorista ISIS amenazaban con efectuar “un ataque con explosivos lanzados desde drones” durante la primera jornada del Lollapalooza que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro durante el fin de semana pasado.

Una vez detectada la amenaza, los investigadores del área de ciberterrorismo de la Policía Federal establecieron que el grado de verosimilitud ameritaba prestarle atención y efectuaron la presentación judicial correspondiente ante la Justicia federal. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien tras verificar el contenido de la denuncio, resolvió inmediatamente ordenar un megaoperativo del que participaron 1.500 efectivos de las fuerzas de seguridad, al que se sumaron oficiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Había varias situaciones que debíamos considerar”, explicó a Ámbito Financiero uno de los investigadores a cargo de la pesquisa. “En primer lugar, la gran cantidad de personas convocadas ese día (se calculaba una asistencia de aproximadamente cien mil personas) que dificultaban las tareas de control en los accesos; pero también teníamos que tener en cuenta como extremadamente sensible la presencia de personas públicas que podían ser considerados como objetivos de grupos violentos extremistas”, completó una fuente del Departamento de Unidad e Investigación Antiterrorista. El evento -propiedad del empresario Diego Finkelnstein, quien compró la licencia del festival estadounidense hace cuatro años- concita la atención mundial ya que participan artistas muy reconocidos de la escena internacional. Por eso, además de los famosos ligados al universo del espectáculo, el vip estaba repleto de funcionarios nacionales y provinciales: Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Gustavo Arribas, Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, acompañados de sus respectivas familias, se encontraban presentes. Muchos de estos funcionarios ni siquiera se percataron del despliegue efectuado para reforzar los mecanismos de ingreso y continuaron disfrutando de la primera jornada del festival musical.

Si bien es cierto que se realizaron más cacheos que los habituales y se prestó particular atención a las pertenencias con las que los asistentes ingresaban al predio, la mención de un dron en la amenaza, obligó también a los policías a destinar esfuerzos para prevenir cualquier ataque que pudiera provenir de un artefacto aéreo. Promediando la jornada y luego de adoptadas las medidas de seguridad, Arroyo Salgado requirió un informe al comisario Néstor Roncaglia, que supervisó minuto a minuto el operativo. “En estos casos, es muy difícil asegurar que están todas las garantías, pero estábamos convencidos de que la amenaza se había disipado, así se lo transmitimos a la jueza”, confirmó el informante. Un detalle para nada menor era que entre el público asistente se encontraba también la hija mayor de la magistrada, lo que le imprimía un tono más dramático a la situación.

“A tal punto llegó la tensión que en un determinado momento, el recital estuvo por de suspenderse, lo cual hubiera generado un gran inconveniente”, confirmó a este diario uno de los responsables del operativo. Finalmente y gracias a la intervención de uno de los funcionarios presentes en el vip, la jueza desestimó la posibilidad, teniendo en cuenta que las complicaciones que podría ocasionar el desalojo de tanta gente del predio podían ofrecer un flanco más vulnerable para cualquier posible ataque.

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