Tal como lo había anuncia, la gestión que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy ante la Corte Suprema su reclamo para revertir la quita de fondos por la coparticipación que dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto de la semana pasada. Ese recorte de 1 punto de coparticipación implican unos $30.000 millones que serán transferidos a la provincia de Buenos Aires.

Ocurre además luego de que ayer, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que adecua la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y fija en $24.500 millones el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del proceso de transferencia progresiva de facultades en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito.

En la presentación, la Ciudad sostiene que en la Constitución «no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación».

Y le señaló que «la legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires».

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó la demanda en la cual «promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar» en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación.

En el escrito judicial del Gobierno porteño, presentado esta mañana a las 10.25 y al que accedió Ámbito, se solicita que «se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal».

Se pide que, «en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan».

En otro de los puntos de la presentación, se solicita que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél».

El texto presentado por la Procuración de la Ciudad, firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, pide que «se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%».

Asimismo solicita que se ordene «la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad».

«Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia», se reclama en otra parte del escrito judicial.