(Por Antonio Colicigno)

El nuevo tiempo de la Argentina nos obliga a pensar políticas públicas urgentes para enfrentar el momento pero también nos desafía a pensar en aquellas cuestiones que exigen un rediseño mucho más complejo, una estrategia verdaderamente federal para encarar los problemas de las familias pobres.
El Plan Argentina contra el Hambre anunciado por el gobierno nacional es sin duda indispensable. Iniciar reforzando con una tarjeta alimentaria para madres con hijos de 0 a 6 años, incentivar la economía popular, las economías regionales, las cooperativas. Disminuir el endeudamiento de las familias que se produjo en los últimos años, como plantea el Ministro Arroyo, son los escalones necesarios para frenar la caída, e iniciar un repunte en el consumo de los que más lo necesitan, en cuestiones elementales como la compra de leche para los más chicos, que sufrió una caída histórica durante este último año. De no mediar estas políticas que se están iniciando, las consecuencias serían mucho más graves, e implicarían un punto de no retorno para muchas familias argentinas.
Las medidas anunciadas como el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Jubilaciones son más que necesarias, en el sentido anteriormente dicho. Son los primeros pasos para darnos el tiempo de diseñar políticas de estado que vayan más allá de la coyuntura, y que busquen solucionar las cuestiones de pobreza estructural pendientes desde hace muchas décadas, y que más allá de los intentos realizados entre 2003 y el 2015, no pudieron revertirse en su totalidad.

Dotar de ingresos a las familias es un paso necesario, pero como bien sabemos los que conocemos el paño de lo social, hay que ser capaces de darnos cuenta que debemos superar la lógica del mercado como única salida. Incentivar el consumo al introducir el combustible que se necesita para poner en marcha la economía y frenar la caída, es un excelente paso, después hay que profundizar y traspasar esa lógica.

Es ese el desafío, pensar más allá en el tiempo, rediseñar estrategias para que las familias que más lo necesitan, puedan despojarse de esta situación que tanto la abruma, el de “estar pobre”.

¿Estar pobre? Se estará preguntando nuestro atento lector. Claro. Aquí le respondemos que, a diferencia de lo que la colonización pedagógica nos quiere hacer creer, la pobreza no es un estado natural con el que uno nace, vive y muere. El individuo no es pobre, el individuo está pobre como consecuencia de un modelo económico de expulsión.

Entonces, lo que vemos es que la pobreza es un estadio en el que el Estado tiene la obligación de ayudar al ciudadano a atravesar esa transición, para que logre emanciparse y así obtenga el derecho a una libertad plena. Por ello los programas de transferencias condicionadas de ingresos como la AUH en la Argentina, el Bolsa Familia en Brasil, el bono Juancito Pinto de Bolivia y el Prospera de México, deben entenderse como un derecho, de transición, temporario si se me permite la expresión, para alcanzar un derecho definitivo, es decir, el de ser artífice de su proyecto de vida, viviendo en condiciones materiales dignas (vivienda y servicios básicos) por un lado y contar con las herramientas necesarias para insertarse a un mercado de trabajo, complejo, heterogéneo, pero que sigue siendo el eje para la cohesión social, por el otro.

Claro con un modelo económico social que apueste al mercado interno, que defienda los puestos de trabajo, que se preocupe por los más necesitados, que sea soberano en sus decisiones frente a las presiones internas y externas, de los sectores más concentrados, tal como ha planteado el Presidente Alberto Fernández.

La pobreza estructural que continúa y se solidifica tras capas y capas de exclusión y de modelos que producen la autoreproducción intra-generacional de la pobreza. Padres, hijos y nietos que desarrollan sus vidas en núcleos familiares que no pueden ser protagonistas de los sueños y proyectos propios.

A esto debemos sumarle las miradas prejuiciosas y cargadas de odio que recaen sobre aquel que cobra un ingreso desde el Estado y al que se lo cataloga inmediatamente con la categoría de “vago” o “planero”. Una mirada efectuada no sólo por el mediopelaje que tanto daño le ha hecho a los proyectos nacionales y populares, sino también, por quien cobra la transferencia del dinero y concuerda en que esto no es la solución para nadie.

Como para muestra basta un botón ―dice la expresión popular― recordamos uno de los prejuicios que la derecha ha instalado desde sus oficinas mediáticas y que el sentido común colonizado ha repetido hasta el hartazgo relacionado con que las chicas que pertenecen a los sectores más carenciados ―las estigmatizadas con el rótulo de “planeras”― buscarían quedar embarazas y tener muchos hijos para cobrar las AUH. Sin embargo, los datos oficiales arrojados por ANSeS lo desmienten ya que de las 2.234.187 familias que reciben la AUH, el 51% solo tiene un hijo, el 28% dos hijos, el 13% 3 hijos, el 5% 4 hijos y el 2,3% 5 hijos.

Como también es falso que los padres y las madres que cobran la AUH no trabajan, ya que el ANSeS nos dice que el 47,4% de ellos trabajan (claramente en condiciones precarias), es decir que es errónea la generalización que califica de “vagos” a todos los beneficiarios por estas políticas.

Sin embargo, la estigmatización está y eso es consecuencia de no entender que estas transferencias son una transición, a la cual le debemos agregar otras estrategias, para que se transformen en un puente para los sueños y proyectos de cada uno.

Debemos ser capaces de repensar en políticas con un acompañamiento mucho más fuerte a cada familia. Ingresos transitorios, mayor educación y capacitación para el mercado de trabajo. Pero también acompañamiento profesional para las situaciones que deben abordar y no pueden hacerlo. Poner al servicio de estas familias una batería de acciones, empezando con los más chicos y los jóvenes. Igualar las condiciones para que tengan contención social y sicológica, posibilidad de desarrollar capacidades deportivas, artísticas, emprender proyectos de trabajo, educarse.

Un desafío que debe empezar atendiendo a cada territorio, con un diseño que involucre a los Municipios y las provincias, que cuente con las organizaciones y movimientos sociales, las comunidades religiosas (en sentido amplio), para integrar respuestas concretas a cada situación, acorde a las diferencias que tienen los contextos donde estas familias viven.

Obviamente como ha planteado la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, poniendo en discusión los recursos con que cuenta cada jurisdicción, que son absolutamente dispares, una injusta distribución que hace que haya territorios ricos como la ciudad de Buenos Aires, frente a otros que deben abordar problemáticas complejas con muy pocos recursos.

Tenemos la oportunidad histórica de la mano del gobierno nacional y popular de Alberto Fernández de iniciar un camino para revertir la pobreza estructural, no es tarea de corto plazo, pero estamos seguros que exige un trabajo permanente, una política de estado que vaya más allá un período de gobierno.

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