Santiago Maldonado: el gobierno denunció a un funcionario clave de Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó esta mañana una denuncia penal contra Pablo Noceti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por irregularidades en su participación en el operativo represivo de la Gendarmería, el 1 de agosto de 2017, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado tras el desalojo de la Ruta 40, en Chubut.

La denuncia penal contra Noceti es es por violación de los deberes de funcionario público e indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en lo que consideran un claro abuso de sus facultades como funcionario del Ministerio de Seguridad. El gobierno considera en su denuncia que Noceti, en representación directa de Bullrich en el territorio, generó “presiones, instrucciones y directivas políticas” que fueron un factor “generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo”, y concluye que “eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”. El funcionario ordenó el desalojo y la represión en el terreno ocupado por la comunidad sin tener una orden legal, y con un protocolo de intervención inexistente.

Los hechos denunciados se desprenden de una auditoría interna que realizó entre enero y julio de este año la nueva conducción de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra Sabina Frederic, que desmorona la ingeniería organizada durante la gestión macrista para garantizar impunidad a los agentes y funcionarios involucrados. En la acusación incluyeron también al ex Director Nacional de la fuerza, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino.

Desde el ministerio de Seguridad nacional argumentan que la anterior conducción de la fuerza federal, en acuerdo y bajo las directivas de la gestión Bullrich, elaboraron un proceso de encubrimiento para desvincularse de las consecuencias trágicas de la represión del 1 de agosto de 2017 contra la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen.

La investigación interna de la Gendarmería es exhaustiva. Este jueves le entregaron un informe de 600 páginas a la ministra Frederic en el que concluyeron que no había razones para realizar el operativo de despeje de la ruta, y que solo se llevó a cabo por una “cuestión de voluntad política” tras las órdenes de Pablo Noceti y del ex director Nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero.

Noceti fue cuestionado desde un principio por la familia de Santiago y los organismos de Derechos Humanos. Estuvo presente el día previo y el mismo día del operativo represivo en el lugar de los hechos, y ordenó perseguir a los manifestantes bajo la figura de “flagrancia”, es decir, sin orden judicial. Bullrich aseguró en su informe ante el Senado, el 16 de agosto de 2017, mientras Santiago Maldonado aún estaba desaparecido, que Noceti “estaba de paso” en el lugar.

El ex funcionario incluso fue fotografiado ese mismo día en el lugar, en la tranquera de la estancia del multimillonario italiano y mayor propietario de tierras del sur argentino, Luciano Benetton, con quien los mapuche mantienen una disputa por esos territorios ancestrales.

Este domingo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, contó que apenas asumió el cargo le solicitó la investigación disciplinaria del operativo al actual director la fuerza, Andrés Severino. “Los que conocíamos a la Gendarmería desde adentro sabíamos que el operativo fue un desastre, un desastre. No siguió ningún protocolo. Todo estuvo mal hecho”, dijo Frederic en una entrevista al diario Perfil. También criticó a Bullrich porque “se lanzaba a hacer afirmaciones sobre responsabilidad o no responsabilidad sin saberlo”.

La denuncia ante la Justicia, tras una revisión interna y crítica de la propia Gendarmería, es también un mensaje político del ministerio de Seguridad nacional en un contexto de reiterados y graves hechos de violencia institucional cometidos por agentes federales y provinciales.

El caso Maldonado fue paradigmático de la violencia estatal como respuesta a las protestas sociales durante el gobierno de Macri, encabezada por la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días. El 17 de octubre de 2017, fue encontrado sin vida río arriba del lugar en el que lo habían visto por última vez mientras escapaba de los gendarmes. Con la aparición del cuerpo y el pedido de cambio de carátula que realizó un abogado del ministerio de Seguridad comandado por Bullrich, la investigación interna se cerró y eximieron de culpa a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta del hecho.

El ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad llegó a Bariloche el 31 de julio el objetivo de planificar junto a las fuerzas federales y provinciales de Chubut y Río Negro una serie de operativos conjuntos en contra de las comunidades originarias.

El propio Nocetti confirmó en aquel momento en declaraciones a Radio Nacional Esquel que por indicación de Patricia Bullrich y con el aval de Mauricio Macri estuvo en esa ciudad para acordar “un sistema de coordinación” y “detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia”.

Desde ahí, Noceti comenzó a ordenar y coordinar, junto al comandante mayor de Gendarmería Diego Conrado Héctor Balari y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, la represión que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. El propio Noceti, incluso, le había adelantado al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que la Gendarmería actuaría sin esperar su aval legal.

Noceti tuvo un rol clave en la creación del enemigo interno que necesitaban para justificar una serie de operativos violentos que realizaron en el sur del país. La región fue una de las prioridades de su gestión desde el 2016, enfocado en la “problemática mapuche”. La famosa “amenaza RAM” que difundían los medios de comunicación y periodistas que fueron partícipes necesarios para construir el relato oficial y garantizar la impunidad del caso.

El extenso informe destaca que Pablo Noceti ordenó los operativos en base a un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por Bullrich el 17 de febrero de 2016, que ordenaba a las fuerzas a perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje de la ruta. El ministerio de Frederic considera que se incumplió de forma deliberada la aplicación del protocolo vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza.

En abril de 2018, Patricia Bullrich ascendió a Pablo Noceti, que pasó de jefe de Gabinete a secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del ministerio de Seguridad.

La investigación señala las responsabilidades de Pablo Nocetti y también del ex director Nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, nombrado por Patricia Bullrich en 2015. En diciembre de 2019, Otero le regaló a la exministra un sable con la leyenda “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, frase que dijo Bullrich en el Congreso mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido.

Conclusiones de la investigación interna de Gendarmería

Entre las principales conclusiones, la investigación destaca que no fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta 40 en las condiciones que se daban el 1 de agosto de 2017. Determinaron que se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios. Es decir, el operativo no solo puso en riesgo a los manifestantes sino también a los propios efectivos de la fuerza.

También advierte que se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del 1 de agosto, por lo que quedaron en el lugar solo 10 efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón que, además de inexpertos, estaban desposeídos de los elementos adecuados.

Consideran que, si bien había cortes intermitentes de la Ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

El informe enumera, además, una serie de faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día. En primer lugar, señala al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, como jefe del operativo de despeje de la ruta, por haberse retirado de la zona del corte a las 10 de la mañana, y dejar la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía. Luego, por la misma razón, al comandante principal Fabián Arturo Méndez, como jefe del Escuadrón 35 El Bolsón, designado por Balari como responsable, por ausentarse a las 10.30 para organizar cuestiones logísticas de menor importancia, y dejar su personal y las operaciones al mando de un oficial de menor jerarquía, lo que derivó en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado por parte de los agentes que intervinieron en el despeje definitivo.

El comandante principal Juan Pablo Escola no informó al juez federal competente, Guido Otranto, ni al jefe del operativo, que los manifestantes habían interrumpido nuevamente el tránsito en la ruta nacional 40, ordenó en forma apresurada el despeje.