Chats del lawfare: piden el secuestro de los celulares de los viajeros de Lago Escondido

El Gobierno amplió la denuncia contra los magistrados que viajaron en octubre pasado a Lago Escondido y pidió que se los investigue por las maniobras a través de las cuales habrían intentado esconder el carácter de dádiva del viaje. En una presentación hecha por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, también se solicita que se secuestren los teléfonos para verificar si hubo un intento de borrar información.

Soria amplió la denuncia que había presentado el 7 de diciembre pasado después de que se filtraran chats entre jueces, el jefe de los fiscales porteños, exintegrantes de la Secretaría de Inteligencia (SI) y empresarios de medios en la que orquestaban una serie de acciones para contrarrestar la información que había publicado Página/12 sobre su travesía en el sur del país.

Para el Gobierno, existió una “decisión coordinada de los integrantes del vuelo de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios”. Eso surge de los chats en los que ellos articulan cómo conseguir facturas que justifiquen su estadía en Lago Escondido.

Además, la comitiva no se habría contentado únicamente con esas maniobras, sino que habría también intentado “manipular” a periodistas y medios de comunicación. Esa estrategia incluyó desde mentirle a los comunicadores que les preguntaban sobre el viaje hasta intentar instalar una versión en determinados medios de comunicación y usar a otros como «voceros involuntarios». Lo que pretendían, según puede leerse en los chats, era presentar a la comitiva como un grupo de amigos que salió en plan de turismo y alejar, de esa forma, cualquier vinculación con el Grupo Clarín –que aparecería financiando el viaje–.

El ministro pidió, entre otras cosas, que se investiguen las resoluciones favorables que se habrían adoptado después del viaje con relación a ese conglomerado. En ese caso, hizo particularmente hincapié en las decisiones que tomó el juez Pablo Cayssials, uno de los viajeros. Días después de volver de la propiedad de Joe Lewis, el magistrado benefició a Telecom al declarar prescripta una multa que pretendía cobrar el Estado nacional desde 2011. Según la denuncia del ministerio de Justicia, Cayssials interviene en 82 expedientes vinculados al principal grupo de medios del país y 24 de ellos registraron movimientos después de octubre.

La denuncia inicialmente tramitó en la justicia federal de Bariloche, pero la Cámara Federal de Casación Penal convalidó una decisión del camarista Eduardo Farah para llevarla hacia los tribunales de Comodoro Py, donde habitan varios de los integrantes de la comitiva –como el juez Julián Ercolini o el casador Carlos Mahiques–.

La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Ramos, el magistrado que cerró en tiempo récord una denuncia contra el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro –otro de los viajeros– con Silvio Robles, el director general de la vocalía de Horacio Rosatti. Ramos también terminó alcanzado por una filtración del teléfono de D’Alessandro en la que se veía que mantenía una relación de amistad con el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta y hasta recibió un auto por parte del Gobierno de la Ciudad.

El Gobierno no fue aceptado como querellante, por lo que no estaría en condiciones de recusar a Ramos. El ministerio había apelado la negativa a ser tenido como parte acusadora en la causa, pero ése recurso jamás se resolvió. «La llamativa demora en la resolución de este recurso obsta a la constitución de una parte ajena al propio sistema judicial aquí investigado, poniendo un manto de dudas sobre la legitimidad del presente proceso, que tras el traspaso de la causa a los juzgados federales de Comodoro Py, ahora será investigado y juzgado por los propios colegas de varios de los imputados«, dice el escrito al que accedió Página/12.