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Comienza el sistema acusatorio en Rosario, con expectativas judiciales y políticas
Ministros del Gobierno nacional, autoridades provinciales y funcionarios judiciales presentarán esta tarde, en Rosario, el Código Procesal Penal Federal (CPPF) que entró en vigencia en esa ciudad de Santa Fe, y por el cual l as investigaciones de los delitos graves como el tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro y corrupción política quedan a cargo de los fiscales.
El nuevo sistema acusatorio será oficializado durante un acto que se realizará en la Facultad de Derechos de la Universidad de Rosario , y al cual está previsto que asistan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ; de Seguridad, Patricia Bullrich ; el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro ; el presidente de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky ; el Procurador General de la Nación , Eduardo Casa l; y la titular de la Defensoría General, Stella Maris Martínez , entre otras personalidades.
“Es un salto muy importante porque se empoderan a los fiscales y se le da transparencia a todo el proceso penal. Con audiencias orales y públicas se permitirá que la sociedad observe también a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a todas las partes. Si se hubiera aplicado antes, Rosario no estaría cómo está” , remarcó Pullaro en declaraciones a la prensa.
De esta forma, los gobiernos de Nación y la provincia impulsan en Rosario un método judicial que permita lograr avances en las investigaciones sobre las organizaciones criminales complejas, en una ciudad sacudida desde hace años por la violencia narco.
Este código establece que las investigaciones de los delitos estarán a cargo de las fiscalías y comenzó a tener vigencia en el distrito judicial de Rosario desde las 0.00 horas de este lunes.
De esta forma , se reemplazará al actual “sistema mixto”, reglamentado por el vigente Código Procesal Penal de la Nación o CPPN, según el cual los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado.
Con sus resabios inquisitivos, ese sistema es el que rige actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.
El distrito Rosario se suma al distrito Salta (que incluye a las provincias de Salta y Jujuy), donde este sistema se aplicó inicialmente a nivel federal hace casi cinco años, a partir de junio de 2019.
Bajo este sistema, la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos ante una imputación y los jueces supervisan el desarrollo del proceso y toman resoluciones, en cumplimiento de las leyes y las garantías constitucionales. Además, los magistrados decidirán las medidas invasivas como los allanamientos, la interceptación de teléfonos, las detenciones y las prisiones preventivas .
Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas, en las cuales se concentra la mayor actividad procesal posible.
El sistema establece que las causas se dividen en tres etapas: la investigación preliminar, intermedia y de juicio, y todo el proceso no puede extenderse por más de 36 meses.
La investigación preliminar tiene entonces una duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga. La etapa intermedia tiene una extensión de 30 días y el juicio oral no puede durar más de cinco meses.
No obstante, para los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el CPPF contempla la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y el proceso podría extenderse hasta los seis años.
Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.