Consejo de la Magistratura: la Cámara de Diputados apeló el fallo del juez Cormick

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló el fallo del juez Martín Cormick contra la designación de la diputada radical Alejandra Reyes en el Consejo de la Magistratura, al entender la necesidad de custodiar y preservar la autonomía y las decisiones del cuerpo que representa, y pidió dejar en suspenso todas las designaciones de la Cámara baja en ese organismo.

Asimismo, y en función del conflicto planteado, Moreau, con la intención de resguardar las potestades de la institución que preside, resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la resolución 1608/2022 hasta tanto se salde la cuestión.

«Apelo a la responsabilidad de todas la fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema», sostuvo Moreau.

«Apelo a la responsabilidad de todas la fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema»Cecilia Moreau

En la presentación, a la que tuvo acceso Télam, la Cámara de Diputados sostuvo que «elementales razones de prudencia permiten afirmar que el tratamiento de una cuestión de esta índole requeriría de la mayor amplitud en el debate, en el supuesto caso de que se entendiera, hipótesis que esta representación no acepta, que existe una “causa” o “caso” judicial».

Asimismo, agregó que «con la intención de resguardar las potestades de la institución que representa», resolvió «dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1608/2022 hasta tanto se salde la cuestión».

El pedido para que la Cámara baja apele el fallo había sido planteado el martes por el bloque de diputados nacionales de la UCR, que solicitó que la Cámara actuara en ese sentido ante la designación de la diputada Roxana Reyes, de ese partido, como representante al Consejo de la Magistratura.

La petición radical

La petición fue formulada a través de una nota firmada por el presidente de la bancada radical, Mario Negri, y por la propia Reyes, propuesta por el bloque de la UCR y nominada por resolución de la Presidencia de la Cámara para integrar el Consejo en representación de la segunda minoría.

«Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respecta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22», planteó el bloque de la UCR a Moreau.

Además, los diputados radicales pidieron que la presidencia del cuerpo «también rechace la improcedente intimación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respecta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente».

«Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto».

Para los diputados radicales, «resulta también inaceptable que el juez sentenciante impute a esta Cámara y sus integrantes haber pergeñado un ardid consistente en dividir bloques ex profeso con la finalidad de obtener un espacio de representación adicional en el Consejo de la Magistratura. Dicha afirmación resulta temeraria y constituye una infamia ya que es sabido que los bloques PRO y UCR siempre estuvieron conformados como entidades independientes y separadas».

El juez sostuvo en su fallo que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara». Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».