Desafío a Milei en el Senado: la UCR se dividió y junto al bloque K avanzaron con la reforma jubilatoria

El oficialismo sufrió otro golpe en el Senado. A pesar de los intentos del Gobierno para modificar el proyecto de recomposición de jubilaciones con media sanción de Diputados y morigerarlo, el bloque de la UCR se dividió y fue la llave para imponer el texto tal como vino de la Cámara baja. Ahora la intención es tratarlo en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves y ronda el fantasma del veto que prometió Javier Milei.
«Tenemos una semana para convencerlos», dijo un oficialista de peso.
«Tienen una semana para tomar nota y hacer más cambios», respondió uno de los radicales que firmó en contra del Gobierno.
Después de un breve debate, el plenario de comisiones de Asuntos Previsionales y Presupuesto pasó a la firma los proyectos y el texto original se impuso como dictamen de mayoría con 18 firmas: además de Unión por la Patria, lo firmaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -que firmaron en disidencia parcial- y el santacruceño José Carambia.
El jefe de la bancada de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, y el chaqueño Víctor Zimmermann – ambos responden a gobernadoresfirmaron el dictamen del oficialismo, aunque en disidencia.
La decisión la terminaron de tomar a último momento. De hecho, la presidenta del plenario, Carmen Alvarez Rivero, anunció que pasaban a la firma los dictámenes, el bloque radical se levantó y se fue al salón Eva Perón a deliberar qué hacían. «Son distintas formas de mostrar las diferencias», señalaron desde la bancada radical para desdramatizar el quiebre.
Con el transcurso de las horas se fueron sumando otras firmas. El radical pampeano Daniel Kroneberger aseguró a Clarín que firmó luego el texto que vino de Diputados, también en disidencia parcial.
Flavio Fama también firmó.
Los federales Carlos Espínola, de Corrientes, y la rionegrina, Mónica Silva, en cambio, no habían firmado hasta anoche ninguno de los dos textos.
La media sanción aprobada en Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero agrega una recomposición extra de 8,1% que se sumaría a la del 12% que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue el registro del IPC en enero, el más alto del año. Pero, además, la iniciativa establece una actualización anual – en marzo de cada año- en base al incremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes.
El oficialismo pedía eliminar estos dos últimos puntos. «Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda», aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
También solicitaban incorporar una modificación clave para que el pago de la actualización del 8,1% se haga efectivo a partir de la sanción de la ley y no retroactivo a abril, como fija el proyecto original. Este último punto es uno de los motivos por los que Zimmerman y Vischi firmaron en disidencia. Le piden un esfuerzo al Gobierno para que se mantenga la fecha desde abril.
La UCR tiene 13 senadores en total y la forma en que se dividan a la hora de la votación en el recinto será determinante para definir qué proyecto termina aprobándose.
La presidenta del plenario, Carmen Alvarez Rivero, había dicho que la idea era llevar el tema al recinto el jueves que viene. Si no lo hacen, el kirchnerismo no descarta pedir una sesión especial.
Si la media sanción de Diputados termina convirtiéndose en ley la decisión final la tendrá el Ejecutivo.
Milei ya adelantó que no temblará la mano para vetar lo que considere un gasto excesivo. En caso de que el Presidente vete la eventual ley, la oposición buscará sumar los votos para ratificarla.