El insólito “plan impunidad” de los libertarios para abrir las cáceles y liberar no solo a represores

La visita a represores fue uno de los hitos. Pero el plan comenzó antes. Foto: Redes sociales
Habían pasado apenas tres meses desde que Javier Milei llegó a la presidencia y un grupo de legisladores, funcionarios y aliados de distintos sectores comenzaba a planificar el “plan de impunidad” para que, de la mano del Presidente, sean liberados los represores condenados en primera instancia y juzgados por delitos de lesa humanidad. Ese plan tenía borradores de normativas para su ejecución, en particular un Decreto para buscar que las casusas penales sin condena firme, incluidas las de lesa humanidad, queden extintas luego de 25 años sin condena firme.
Esa osada propuesta implicaría directamente abrir las cárceles a quienes son juzgados por esos delitos, pero también a otros condenados en primera instancia o enjuiciados por delitos comunes. “Se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal. Vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313. El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”, dice el borrador del Decreto. Esa idea supone que pasado un cuarto de siglo desde que se cometió un delito sin que haya “condena firme” (es decir, confirmación de la Corte), la causa se anula. Todos los delitos de lesa humanidad sin sentencia de la Corte quedarían anulados.
Ocurriría lo mismo con todo tipo de delitos. Por eso en los chats difundidos por la diputada mendocina Lourdes Arrieta hay quienes sugieren que no habría quejas porque también serían beneficiados los juzgados por corrupción en la época del kirchnerismo. La propuesta se choca con otras normas, como la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero marca un parámetro del camino que busca seguir desde un sector del oficialismo. “El plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”, dice en los argumentos el borrador del Decreto que era “madurado” por los legisladores oficialistas y que, por los escándalos, no llegó a estar en el despacho de Javier Milei .
Esos argumentos son coincidentes con la línea de un sector de La Libertad Avanza y en particular con lo que pregona desde siempre la vicepresidenta Victoria Villarroel. Pero van más allá y sugieren que proponen la extinción de las causas penales para “liberar” el trabajo de los tribunales. “La magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y el narcotráfico en todo el territorio nacional. Resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales a efectos de contribuir decididamente a una mejor administración de Justicia que impacte de lleno en el más eficaz combate contra la delincuencia organizada”, argumentan. Según ellos hay 3640 personas que han sido investigadas por delitos de lesa humanidad y mencionan a los “muertos en cautiverio”. “Por el contrario, las causas seguidas contra las cúpulas guerrilleras y los autores de atentados con bombas que dejaron centenares de víctimas de las fuerzas del orden y civiles, se encuentran archivadas por considerarse que tales crímenes están prescriptos y amparados por las la ley llamada de “Punto Final” sancionada durante la administración del Presidente Raúl Alfonsín y los indultos dictados por los Presidentes Carlos Menem y Duhalde”, dice el borrador.
El polémico cura que es hijo de un represor y orquesta el “plan impunidad”. 
El plan tiene un gestor espiritual y material que se encargó de aglutinar las ideas. El sacerdote Javier Olivera Ravasi, formado en el Verbo Encarnado de San Rafael, era quien motorizaba y canalizaba las energías. No es un actor ingenuo, pues fuera de su tarea pastoral es militante en la defensa de la causa de los represores . SU padre fue uno de los pilares del aparato represivo en San Juan. Jorge Olivera fue condenado y goza de prisión domiciliaria. Fue hallado responsable de delitos aberrantes, entre ellos la tortura de la exjueza Margarita Camus.  Incluso este año fue alertado porque violó las normas de detención: fue descubierto en fiestas privadas fuera de lo estipulado por el Tribunal que lo condenó.
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En el grupo de WhatsApp participan varios legisladores. Beltrán Benedit es uno de los más activos y líderes de la idea. Pero se suman Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, Nicolás Fernando Mayoraz, Lilia Lemoine, Gerardo Huesen, María Fernanda Araujo, Emilia Orozco, Santiago Santurio y Alberto Arancibia.
Lourdes Arrieta forma parte del grupo y es quien difundió los mensajes internos tras el escándalo generado cuando se conoció la visita a los represores en el penal de Ezeiza. También se mencionan como asesores a Maximiliano Frola, exfuncionario de la Corte Suprema, Enrique Munilla Lacasa, otro recomendado por el cura Olivera, y Agustina Díaz Cordero, con influencia en el Consejo de la Magistratura.