Las dos alternativas que evalúa el Gobierno para destrabar la negociación por la Corte Suprema

Decreto o negociación. Ese es el dilema que por estas horas conflictúa al Gobierno, que pretende avanzar por decreto y nombrar en comisión a los dos jueces que podrían integrar la Corte Suprema de Justicia , Ariel Lijo y José García-Mansilla.
Sin embargo, este miércoles el senador José Mayans dejó en claro que se opone a ese camino y que el bloque de Unión por la Patria cuenta con los votos necesarios para voltear ambas designaciones.
El viernes pasado, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci — con el aval de Cristina Kirchner— dio el noveno voto para dictaminar en favor del pliego de Ariel Lijo. ¿Qué ocurrió entre el viernes y ayer para que se dé la reacción de Mayans?
En pocos días más, la Corte Suprema quedará con tres jueces, dos de los cuales no se llevan bien entre sí: Horacio Rosatti, el presidente del tribunal, y Ricardo Lorenzetti. Ahí quedará en un encierro y habrá que nombrar conjueces para cada causa, con la incertidumbre que eso trae aparejado.
Por eso, Javier Milei —a través de las gestiones de Santiago Caputo y Sebastián Amerio— quiere completar el tribunal lo antes posible.
Lijo es un juez que tiene mucho respaldo en amplios sectores de la Justicia, muy hábil y dúctil. Y para Milei, García-Mansilla es la garantía de una interpretación liberal ortodoxa, un fuerte defensor del derecho de propiedad: es una ficha importante para darle respaldo en la Justicia a la batalla cultural con la que el Presidente quiere dejar atrás 20 años de desaguisados kirchneristas.
Milei los necesita ya mismo en el máximo tribunal de Justicia. Si el Presidente avanza por la vía del decreto y los nombres en comisión, los dos jueces impulsados por el Gobierno durarán un año en el cargo . Mayans, ayer, pretendió exhibir la fuerza de Unión por la Patria para rechazar en marzo mismo —cuando vuelvan las sesiones ordinarias— esas designaciones.
El Gobierno, en cambio, hace una interpretación literal de la Constitución: el artículo 99, inciso 19, dice que los funcionarios nombrados en comisión mantendrán sus empleos “hasta el fin de la próxima legislatura”. En otras palabras: permanecerán en la Corte hasta el 30 de noviembre de 2025 y la oposición no los podrá destituir con anterioridad. Eso es lo que dice la Constitución.
Mañana termina el período ordinario de sesiones y el Congreso entrará en receso. Milei puede avanzar con los nombramientos en comisión y tomarse todo el 2025 para negociar la continuidad de Lijo o García-Mansilla, o colocar el tema en extraordinarias y adoptar el camino que propone Mayans: aprobar el pliego de Lijo y cambiar el de García-Mansilla por otro más potable para Unión por la Patria. La diagonal más probable es avanzar con la ampliación de la Corte.