Pese a la polémica, el Gobierno sigue impulsando al juez Lijo para la Corte

El Gobierno se mantiene firme en su estrategia para avanzar con los pliegos del juez Ariel Lijo y del catedrático Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de las críticas que surgieron desde distintos sectores para ambos.
Advertidos de que desde la política el pliego de Lijo encontró un fuerte rechazo apenas en la Coalición Cívica y en un puñado de senadores sueltos que por ahora no cuestionan severamente el nombramiento, y por ahora lo hacen sólo sectores de la abogacía -aunque también se manifestaron varias cámaras empresarias-, en la Casa Rosada pusieron el foco en la creciente presión que empezó a recibir Milei para cambiar a García Mansilla por una mujer para cumplir con el cupo mínimo tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.
Por eso, más allá de las especulaciones en torno a la supuesta búsqueda por parte del Gobierno de una nueva mayoría en el Alto Tribunal que sea más permeable a sus intereses, en el Gobierno plantan bandera: «Nuestra lógica no se negocia. Votan a los dos o a ninguno», exponen. Defienden de las críticas a Lijo, pero siguen con especial atención e interés lo que ocurra con el pliego del decano Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Es que el Gobierno se encargó de aclarar desde que anunció las propuestas que de los dos candidatos el favorito de Milei es García Mansilla, quien fue calificado como un «extraordinario constitucionalista» por Alberto Benegas Lynch (hijo), uno de los dirigentes de consulta permanente del Presidente.
«(Milei) honra al Poder Judicial con una figura de gran porte intelectual», resaltó el economista y referente liberal.
En Casa Rosada, incluso, explicaban inicialmente la propuesta de Lijo como el reaseguro de que en la oposición se comprometían a convalidar el pliego de García Mansilla.
«Lo pidieron los gobernadores y a nosotros nos parece un buen candidato», argumentaban, acaso con el objetivo de desviar la atención sobre una presunta consulta previa con uno de los cortesanos.
«Si piensan que nos van a correr el arco están equivocados. No vamos a cambiar a García Mansilla», avisó un alto funcionario a Clarín, a propósito del creciente pedido de la inclusión de una candidata.
En el Gobierno no pasó inadvertida una definición del diputado nacional Emiliano Yacobitti, referente del radicalismo porteño y mano derecha del senador -y titular de la UCR- Martín Lousteau, quien la semana pasada hizo un guiño a la designación de Lijo, al considerar que «va a tener el consenso de la mayoría» pero indicó que le gustaría que «otro (pliego) sea de una mujer».
El planteo fue en línea con lo que días antes había señalado Lousteau: «Quiero ver mujeres en la Corte, era un buen momento para mandar el pliego de mujeres».
Con trece legisladores, el bloque del radicalismo en el Senado es clave para la pretensión del Gobierno de conseguir los dos tercios (48 votos) necesarios para aprobar los nombramientos.
Aunque no lo admite, el oficialismo se reserva los reparos que surgieron desde su propia tropa contra Lijo por si Milei debe recalcular su hoja de ruta: el formoseño Francisco Paoltroni, quien inicialmente había sido propuesto por la Casa Rosada como presidente provisional del Senado, dijo «no» estar de acuerdo con la postulación del juez federal y aseguró que «la mayoría del bloque (de La Libertad Avanza) se opondría».
«Si todo el kirchnerismo lo está apoyando (a Lijo) es que algo no está bien», cuestionó.
Sin embargo, más allá de la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió, el senador Luis Juez ó un reducido grupo de ex funcionarios macristas, como el ex titular de la Unidad de Información Financiera Mariano Federici y su número dos, María Eugenia Talerico, desde la oposición no surgieron duras críticas a Lijo.
En cambio, en el Gobierno vislumbran que García Mansilla, por su pronunciamiento contra la despenalización del aborto, ya recibió críticas desde el feminismo, lo que podría ser la llave que encuentren en la oposición para frenar su nombramiento.
Al atar ambos pliegos, el Gobierno alerta que no avanzará hasta que no haya certezas de que los votos para García Mansilla están garantizados. «Si no está el visto bueno, tendremos que revisar el plan», enfatizan.