Precios Justos: presión oficial y resistencia empresaria

La Secretaría de Comercio aplicó solo la semana pasada 779 multas por un total de 800 millones de pesos a supermercados y empresas alimenticias por incumplimiento al programa Precios Justos. A su vez, el fin de semana se realizaron operativos simultáneos en hipermercados de Morón, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Malvinas Argentinas para verificar el cumplimiento del programa en el sector de la carne. De este modo, el gobierno endurece su postura para tratar de ponerle freno a la inflación. “Se terminó la paciencia”, aseguró el viernes el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Las empresas, por su parte, se desentienden de la responsabilidad por los faltantes al acusar a otros eslabones de la cadena y resisten el pago de las multas apelando a diferentes maniobras administrativas y judiciales. 

Las multas son actas por “presunta infracción” que dan lugar a un descargo del lado del imputado. Fuentes del sector informaron que “los supermercados suelen presentar pruebas que verifican los faltantes en depósitos, los cuales muchas veces obedecen a una deficiente entrega por parte de los proveedores”. Las faltas se notifican mediante el sistema de alertas tempranas de la app o por comunicación directa con la secretaría, en algunos casos pueden enviarse inspectores a los depósitos para constatar las denuncias.

El procedimiento administrativo continúa con un cruce de datos con los listados de reposición que tiene Comercio, si el desvío se constata se procede a imputar a la empresa proveedora. La misma suele aducir que fue el supermercado quién modificó el listado y está pidiendo más abastecimiento para estoquearse y beneficiarse luego con una suba de precios: “venían pidiendo siete envases y ahora demandan diez, para estoquearse y denunciar faltante”, esgrimen las alimenticias. El gobierno debe constatar una y otra denuncia y la posibilidad de descargo de las empresas siempre está abierta. El proceso de la sanción es largo hasta que, por lo general, finalmente la posibilidad de cobrar la multa se disuade. Hasta el momento, no se informó del pago de alguna de estas denuncias.

Desde el sector supermercadista, a su vez, objetan que los operativos públicos son poco prolijos. Por ejemplo “ir a buscar faltantes a las 21 horas, es decir una hora antes del cierre, en el tercer día de un fin de semana largo donde sin mediar operación logística obviamente se encontrarán huecos”.

Los mayoristas –Diarco, Macro, Maxiconsumo o Vital- tienen incentivos para acatar el programa y captar mayores ventas, compiten por precio con los supermercados, saben que los comerciantes y consumidores sino terminarán abasteciéndose en los hiper o supermercado. «Si se tiene en cuenta toda la cadena de suministro, el problema acaba siendo el comportamiento de las grandes alimenticias», aseguran expertos con acceso a información de primera mano sobre los acuerdos de precios.

El gobierno presiona a las alimenticias con el acceso a las divisas necesarias para importar, insumos industriales o bienes de capital. Aquí, reconocen los expertos, la pelea es sector por sector, empresa por empresa: «hay casos donde se importó más de lo requerido en 2022 y se estoquearon para aprovechar la brecha cambiaria, ahí el gobierno tiene margen para no entregar dólares».

La Ley de Abastecimiento es otra herramienta para presionar detrás de los acuerdos de precios, la ley habilita al Ejecutivo “a establecer en cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas” y aplica a quienes “eleven artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, discontinúen el abastecimiento normal y habitual sin causa justificada y destruyan bienes o impidan la prestación de servicios”.

El caso de Jumbo

La semana pasada se conoció de la clausura de un local del hipermercado Jumbo en la localidad bonaerense de San Martín, ante infracciones en normativas municipales e irregularidades en el cumplimiento de Precios Justos. Estas fueron detectadas mediante la app del programa que informó de repetidos casos de denuncias por faltantes de mercadería o señalética, representantes de la secretaría de Comercio de la Nación y de la subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio se presentaron en el establecimiento para proceder a la inspección y posterior clausura del local. “Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un faltante”, había relatado el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

La visión del consumidor

Desde las organizaciones de defensa de los consumidores coinciden en señalar que esas multas no son efectivamente pagadas porque se suelen apelar, “si ante un faltante del producto el supermercado demuestra que no está siendo abastecido por su proveedor la sanción queda suspendida” sostuvieron desde Deuco, donde identifican dos situaciones características: faltantes de productos porque los productos de Precios Justos no están siendo abastecidos o bien ocultamiento de mercadería por parte de los supermercados. En todo caso, “esa mercadería está siendo fabricada en el país, pero los productos no aparecen”, enfatizan. La variedad de mercadería que ofrece el programa es lo suficientemente amplia, cualquiera puede constatarlo de manera sencilla ingresando a la app, pero esa no es la situación que se observa en las góndolas.

Militantes, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de defensa del consumidor muchas veces realizan sus propios relevamientos. Así, desde Deuco informaron que “en el último estudio realizado con sondeos en 15 supermercados del distrito de La Matanza se detectó que de las 21 marcas de aceite de girasol que ofrece el programa y de las 20 de aceite de mezcla durante todo enero la presencia en góndolas no llegó a cumplir con un 5 por ciento” y además recuerdan que “una situación similar se había dado con el azúcar durante la campaña de Precios Cuidados, que durante todo el segundo semestre de 2022 se habían registrado importantes faltantes y cuando consultábamos a los repositores nos decían que no la estaban recibiendo, lo cual podía ser una verdad o una verdad a medias”.

Desde el lado del consumidor lo importante es que los productos de en Precios Justos estén en las góndolas. De nada sirve para la economía de las familias que una empresa sea sancionada y siga habiendo el faltante, pues lo que termina ocurriendo en esos casos es que las compras se realizan en los comercios de cercanía donde el diferencial de precios es muy grande, “para el caso puntual del aceite de girasol encontramos que las marcas que forman parte del programa –como Cañuelas, Natura o Molinos- tienen la botella de 1,5 litros alrededor de 495 pesos, pero fuera del supermercado se está vendiendo casi a 1.200 pesos la botella”. Los autoservicios o comercios de cercanía no acceden a esos productos a precios subsidiados, los mayoristas se lo venden más caro que a las cadenas de supermercados y esto no está sancionado.

Desde la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc) reconocen que el sistema de denuncias que implementa la secretaría de comercio «es rápido y ágil, permite advertir irregularidades en cuanto a la diferencia de precio en góndola y en caja (las menos usuales) y los faltantes de stock (las más habituales), donde se detectan más de un incumplimiento, se hacen las inspecciones y se labran las actas con sanciones de inmediato», pero también señalan como falencia que las empresas no toman este hecho en cuenta para no repetirlo, sino que los problemas vuelven a surgir y en ese sentido no se atiende al verdadero problema de los consumidores. Las multas podrían perfeccionarse y ser progresivas, con penalidades que aumenten si son reiteradas o nuevos poderes de policía para el Estado en otros establecimientos de la cadena, etc.

Para Adduc el Estado también tiene otras herramientas legales que podría utilizar para ampliar las sanciones, por ejemplo «la ley antimonopolio o de Defensa de la Competencia, la ley de abastecimiento o la de Defensa del Consumidor que fue recientemente mejorada en el Presupuesto 2023, se modificó el límite máximo para las multas de 5 a 360 millones de pesos (esto es el equivalente a la canasta de consumo de tipo 3 de Indec) y además la pueden aplicar los municipios porque es una ley nacional». Otra herramienta que estas organizaciones demandan es el Observatorio de precios que reúne a representantes de empresas, organizaciones civiles y del Estado para avanzar en el análisis de las cadenas de valor, los trabajos en esta dirección se encuentran estancados. 

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